El presente trabajo tuvo por objeto elaborar las políticas educativas ambientales dirigidas a las Instituciones de Educación Superior venezolanas por iniciativa de los entes gubernamentales responsables en esta materia. El método utilizado fue el “análisis de los interesados” (Ramírez, 2000) y se estructuró en dos fases: documental y de campo. El estudio se desarrolló en tres etapas; la primera consistió en la elaboración de una propuesta preliminar, donde se definieron los lineamientos con base en los criterios asumidos por la s Instituciones de Educación Superior de países latinoamericanos y los avances de esta materia en Venezuela. La segunda etapa fue validar y enriquecer la propuesta preliminar a partir de la opinión de un grupo de expertos y actores clave, que incluyó representantes de los entes de planificación del Estado venezolano, las comunidades organizadas y una muestra de docentes universitarios, entre otros. La tercera etapa implicó la sistematización de las políticas en función de los aportes de los participantes y los criterios del equipo coordinador. Producto del método seleccionado, las políticas se plasmaron en un documento constituido por cinco dimensiones con sus objetivos y acciones. Como fase siguiente se espera el inicio de su aplicación, seguimiento y control.<br>This paper aimed to elaborate the environmental education policies directed to Venezuelan higher education institutions by the initiative of the responsible government agencies. The investigation used the "stakeholder analysis" method by Ramirez (2000); it was divided into a documentary stage and fieldwork. The study was conducted in three phases; first was the development of a preliminary proposal, which defined the guidelines based on the criteria given by the institutions of higher education in Latin American countries and the progres s of this subject in Venezuela. The second phase validated and improved the preliminary proposal with a group of experts and key players’ opinions, which included planning authorities of Venezuelan State, organized communities and a group of university professors. The third phase implicated the systematization of the policies based on the participants’ contributions and the guidance of the coordinator group. The result was the formulation of policies wrote down in a document constituted by five dimensions with their objectives and actions. Implementation, monitoring and control of the policies formulated are expected in the next phase.